En sus conclusiones definitivas, expuestas este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Público ha ratificado sus peticiones, siete y cinco años cárcel para los acusados y la indemnización a la Junta de lo defraudado
La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, su petición de siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa para cada uno de los cinco ex altos cargos de la UGT Andalucía enjuiciados desde finales del pasado mes de enero, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El banquillo de los acusados lo conforman el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
El fiscal Fernando Soto ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, confirmando su petición de condena de siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de ellos. Además, solicita que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros, que es la cantidad supuestamente defraudada, a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez, el pago adicional de 4,2 millones de euros.
Siete años de cárcel para el exsecretario
El Ministerio Público ha ratificado su calificación provisional respecto a estos encausados. No ha perdonado ni un sólo día de cárcel para los acusados. De hecho, sigue solicitando siete años de cárcel para el ex secretario general de la organización Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, así como cinco años para la que era responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño.
En su escrito definitivo, la Fiscalía tampoco ha perdonado ni un euro de responsabilidad civil a los sindicalistas. Por tanto, pide que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, que es el total de lo presuntamente defraudado, y que Sánchez Montaño pague 4.288.707,74 euros. Y para todos ellos, además, solicita que abonen una multa de 50 millones.
Los otros que participaron del sistema fraudulento
Anticorrupción casi ha repetido el mismo patrón para los otros diez procesados, distintos proveedores del sindicato que según la acusación participaban de ese sistema fraudulento. La única diferencia es que el fiscal Fernando Soto ha retirado la acusación contra uno de ellos, el responsable de una agencia de viajes, al entender que si alguien era responsable del delito era su padre, ya fallecido. Para cada uno de los otros nueve empresarios, la Fiscalía acaba la vista oral reclamando tres años de prisión y multas de 3.600 euros (doce meses a una cuota diaria de 12 euros).
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